El sector educativo ha enfrentado grandes reformas en poco tiempo, pero esas leyes no han logrado frenar la corrupción ni disminuir la impunidad. Especialistas en la materia coinciden en que mientras eso no se ataque, el mal uso de los recursos públicos destinados a ese rubro continuará reflejándose en la calidad educativa y en el bienestar de las y los profesores de México.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– Entre enero de 2015 y diciembre de 2018 se destinaron más de mil 066 millones de pesos para el pago de 9 mil comisionados sindicales con dinero del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) y al menos 100 mil maestros recibieron sueldo sin dar clases.
Un estudio elaborado por México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey evidenció el uso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le dieron a la nómina educativa, que representa la mitad del presupuesto educativo federal.
De acuerdo con la investigación, entre enero de 2015 y diciembre de 2018 se destinaron más de mil 066 millones de pesos para el pago de 9 mil comisionados sindicales, sobre todo en Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila; se encontró que 100 mil personas que ocupan plazas de profesores no se desempeñan como tal y se detectó que algunos estados mienten sobre el número de alumnos que tienen para recibir más dinero de la transferencia: en este caso son Baja California y el Estado de México, que con la creación del Fone tuvieron un aumento de 9 por ciento en su presupuesto.
De 2000 a 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaboró 2 mil 121 Pliegos de Observaciones en las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y al Fone, por presuntas irregularidades o daños patrimoniales.
A mayo de 2019, mil 419 casos (66.8 por ciento) tienen un seguimiento concluido –es decir, los presuntos responsables solventaron la irregularidad preliminar–; 498 casos (23.5 por ciento) se encuentran en seguimiento y en sólo 207 casos (9.8 por ciento) la ASF determinó que las respuestas eran insuficientes y, por tanto, dio lugar a un procedimiento para fincar responsabilidades, es decir, confirmó los daños patrimoniales para iniciar la recuperación.
Pero de esos 207 Pliegos de Observaciones en los que se confirmó la irregularidad detectada, 114 casos cuentan con una resolución en firme, 39 se encuentran en seguimiento y en 54 casos cuentan con una resolución dictada por un juez o tribunal que suspende los efectos resarcitorios por falta de causas que justifiquen la acción.
Para los investigadores, la corrupción y la impunidad ante el mal manejo del dinero educativo permitieron el desfalco y marcan el reto para la nueva administración federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la nueva Reforma Educativa que ya se aprobó en el Senado de la República.
En entidades federativas pagaron a secretarios estatales, secretarias y 32 millones de pesos a choferes de altos mandos, operadores de equipo de comunicación, columnistas y asistentes. El cálculo general es de 2 mil 529 millones de pesos desviados cada año del fondo educativo.
De acuerdo con Edna Jaime, Directora general de México Evalúa, aunque el Fone –que se creó con la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto– buscó eliminar la discrecionalidad en el gasto y avanzó en el orden y la transparencia, aumentó el dinero para los comisionados sindicales.
Ante esto, señaló, “la impunidad sigue siendo la regla y fomenta la corrupción y aunque hay leyes y mecanismos no pasa nada. Los avances no son suficientes para afirmar que es efectivo el gasto educativo”.
En la presentación del estudio sostuvo que las irregularidades millonarias han sido posibles porque las autoridades no cumplieron con sus responsabilidades legales, a pesar de leyes más estrictas y la impunidad sigue presente.
“Mientas la corrupción no tenga consecuencias, la educación seguirá siendo rehén. Si una nómina magisterial no se administra bien presenta irregularidades y eso se refleja el problema de toda la sociedad”, dijo la especialista.
En entrevista con SinEmbargo, agregó que se debe tener en cuenta que desde la Reforma pasada ya se consideró un delito el hacer uso irregular de la nómina, por lo que se podrían estar presentando procesos administrativos o penales a quien hizo mal uso de la nómina educativa.
“Está la normatividad, mejores reglas, leyes y tenemos quienes tienen la función de controlar el gasto y vemos que a pesar de que hay irregularidades no hay consecuencias. Se solapa. […] No vemos que quien desvía estos recursos sea sancionado y que haya consecuencias para que esto no se repita a pesar de que la ASF lo tiene detectado y hay manera de quejarse de que había pagos irregulares”, comentó.
LOS PENDIENTES DE LA SEGUNDA REFORMA
Patricia Vázquez del Mercado, ex consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dijo al respecto y en el marco de la presentación del estudio “La impunidad en la nómina magisterial: uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”, que no hay reforma educativa si no hay una reforma administrativa que busque que los profesores estén a tiempo en los salones y además, bien pagados.
En seis centros educativos dependientes de la SEP, un profesor puede ganar 130 o 400 pesos mensuales, mientras que el sueldo de los directivos puede ser hasta de 103 mil 877 pesos, de acuerdo con la plataforma de Nómina Transparente de la Administración Pública Federal elaborada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las y los maestros de los Centros de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de su Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), del Colegio de Bachilleres (Colbach) y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) están en los rangos salariales más bajos.
En el contexto de la nueva Reforma Educativa, la que fue impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Vázquez del Mercado dijo que la legislación es más completa por las voces que se integraron y que no fueron contempladas en la anterior. Sin embargo, comentó que sin un INEE autónomo se podrá carecer de datos duros para la medición del sistema educativo, y no se resentirá ahora sino dentro de algunos años.
“Lo más importante es que no tenemos que ver lo que sucede en la Ciudad de México como un todo, sino pensar en que todas las escuelas de este país funcionen todos los días con el mejor maestro, la mejor directora o el mejor supervisor; que todos los profesores que ya avanzaron en sus procesos de ingreso y de promoción, tengan las mismas garantías de aquellos profesores que vivieron la reforma del 2013 al 2018”, comentó.
Esto porque hay evidencia de que la existencia de un examen de oposición y la oportunidad de que profesores pudieran promoverse para ser directores y demás, sin pasar por mecanismos con miradas discrecionales, fue benéfico.
Para la investigadora se tendrá que ver cómo se trasladará ese Servicio Profesional Docente a un nuevo servicio de carrera magisterial y poner atención a la discusión de las leyes secundarias para garantizar que los profesores van a tener un mecanismo justo y equitativo, para que tengan un acercamiento o una nueva posición.
Finalmente, agregó que se debe incluir a las autoridades educativas locales porque la implementación de toda reforma necesita de la presencia de ellas.
“De repente los tenemos desdibujados del diálogo, de las conversaciones. Pareciera que los representantes, diputados y senadores, son los que pueden poner sobre la mesa las preocupaciones estatales y a veces no es así. No se nos olvide que en esta discusión y en la implementación de esta nueva reforma no se debe desdibujar la autoridad educativa local. El funcionario está muy castigado, muy estigmatizado y creo que hay funcionarios extraordinarios que hacen un buen trabajo y con excelentes aprendizajes. No hay que borrarlos de la agenda”, concluyó.
